El 17º Congreso Internacional de Bioenergía dedicó una mesa redonda el pasado mes de octubre a analizar el delicado asunto del impacto social de las nuevas plantas de biogás y biometano en España.
El sector afronta un debate que evidencia la necesidad de estrategias integrales que combinen la excelencia técnica de los proyectos, una comunicación efectiva y un enfoque colaborativo para garantizar la aceptación social de estas infraestructuras tan importantes para la transición energética de nuestro país y de Europa.
Los integrantes de la mesa fueron Javier Díaz, presidente de AVEBIOM; Luis Puchades, presidente de AEBIG; Jordi Serra, presidente del Clúster de la Bioenergía de Cataluña; Jaime Fernández, jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Castilla y León; y Joan Batalla, presidente de SEDIGAS.
Sin duda, el biogás y el biometano representan una oportunidad única para España: los proyectos en desarrollo se han multiplicado en los últimos 5 años y pueden aportar importantes beneficios ambientales, económicos y sociales como el tratamiento sostenible de residuos, la generación de fertilizantes orgánicos, la descarbonización de sectores clave como el transporte y la agricultura y la creación de empleo local. “El biogás ya ha explotado, pero todavía no lo estamos viendo porque los proyectos están aún en tramitación”, asegura Luis Puchades, que no tiene la menor duda de que “cuando estas plantas de biometano sean una realidad, se demostrará lo infundado de muchos temores”.
Desde luego, el éxito de la implantación de los proyectos depende tanto de la excelencia técnica, como de superar barreras sociales. Como señala Jordi Serra: «Sin aceptación social, peligra la transición energética». En su opinión, fomentar la participación activa de las comunidades desde el inicio del desarrollo de los proyectos, permite que los vecinos comprendan y se impliquen en los beneficios que el biometano puede aportarles. “Cada proyecto debe desarrollarse en función de las necesidades y la realidad de la región en la que se instala”, señala.
La aceptación social requiere un compromiso conjunto entre promotores, administraciones públicas y comunidades locales. Este modelo de «responsabilidad compartida», que va un paso más allá de la tradicional colaboración público-privada, implica definir objetivos claros, ser transparente y procurar beneficios tangibles para los territorios.
También es fundamental contar con un entorno regulatorio que ofrezca estabilidad para atraer inversión. En este sentido, Joan Batalla apunta que “la competitividad y el crecimiento del biometano dependen de un marco regulador que respalde las inversiones”.
Por otra parte, los ponentes pusieron de manifiesto la necesidad de una estrategia de comunicación común y adecuada para contrarrestar la proliferación de bulos y malentendidos. «No puede ser que dejemos a las redes sociales correr», señaló Jaime Fernández, haciendo énfasis en la importancia de una respuesta rápida y efectiva ante la desinformación, en lugar de esperar a responder alegaciones. “La percepción social negativa es muy difícil de revertir».
La necesidad de utilizar un lenguaje sencillo y directo para llegar a las comunidades es clave, e incluso la posibilidad de organizar visitas a instalaciones existentes para demostrar su impacto positivo. «Es importante llevar a las personas a que vean y palpen lo que realmente es una planta de biogás», aseguró Javier Díaz durante la discusión, que concluyó recordando que «Nuestros mejores aliados serán nuestros mejores ejemplos», concluyó un panelista, subrayando que la excelencia en los proyectos será la clave para ganar la confianza de la sociedad.
